Asirón cambia el protocolo tras la muerte que pasó inadvertida en Pamplona durante semanas

El Ayuntamiento de Pamplona presidido por Joseba Asirón ha cambiado el protocolo de atención a las personas residentes en apartamentos tutelados municipales tras la muerte de uno de los usuarios, cuyo cadáver permaneció varias semanas en el interior del apartamento sin que ningún trabajador se percatara de lo ocurrido.

Los hechos sucedieron el pasado 25 de marzo en el edificio Txoko Berri cuando se descubrió el cadáver y tras lo que se tuvo que actuar en el edificio en hasta cuatro ocasiones distintas para tratar de erradicar los gusanos y larvas que habían aparecido por el estado de putrefacción en el que se encontraba el cuerpo.

Ahora, casi un mes después, el Consistorio liderado por Joseba Asirón y en concreto el Área de Acción Social, a cargo de Txema Mauleón, ha presentado un nuevo protocolo de intervención y seguimiento que refuerza la atención integral a las personas residentes en apartamentos municipales.

El protocolo incrementa las visitas periódicas, de forma que el seguimiento sea más estrecho para las personas residentes con mayor grado de vulnerabilidad sociosanitaria. 

La actualización periódica de la información en torno a las personas usuarias «garantiza una mejor atención y una intervención más ágil en caso de detectarse cualquier incidencia», según ha destacado el Ayuntamiento en una nota. El protocolo también incluye las visitas periódicas a las personas residentes, incluso en el caso de renuncia expresa al Servicio de Ayuda al Domicilio (SAD).

Estos apartamentos municipales son un servicio de alojamiento dirigido a personas mayores de 65 años con un buen nivel de autovalimiento que presentan graves problemas de vivienda. En la actualidad, el Ayuntamiento de Pamplona cuenta con 144 apartamentos, distribuidos en 5 barrios (San Juan, Iturrama, Milagrosa, Rochapea y Casco Viejo) que pueden utilizarse de manera individual o en pareja. Las transformaciones vividas en los últimos años exigen actualizar y redefinir algunas de las políticas y modos de intervención, en concreto aquellas que se dirigen a las personas mayores.

En esta revisión de adaptar los recursos municipales a las necesidades actuales, el Ayuntamiento de Pamplona va a reforzar el seguimiento y la intervención social llevada a cabo en los apartamentos con la implementación de la figura de cuatro trabajadoras familiares y un protocolo de intervención y seguimiento que mejora la atención integral que ya se venía realizando a las personas residentes.

Este protocolo se divide en cinco grandes apartados, para abarcar desde el proceso de acogida, seguimiento e intervención y todas las actividades de coordinación, hasta la actuación en caso de fallecimiento dentro de la vivienda y evaluación del mismo.

El documento desarrollado por el Área de Acción Social detalla todos los pasos que se deben seguir para atender a las personas usuarias, empezando por el proceso de acogida. En este primer estado, cuando hay alguna plaza disponible, se realiza una entrevista personal con la persona candidata para comprobar que se cumplen los requisitos, explicar la normativa de funcionamiento y entregar la documentación pertinente. A continuación, se visita el apartamento, para que la persona decida si acepta o renuncia a la vivienda.

En este primer momento, se considera clave la figura de la trabajadora familiar de los apartamentos, como referente en este proceso de acogida e integración. Esta profesional realiza la presentación de vecinos próximos, acompañamiento y/o información del recurso y el entorno físico, barrio, recursos, servicios, así como sobre la conveniencia de contar con el Servicio Telefónico de Emergencia.

Para garantizar la mejor atención posible, las trabajadoras familiares asignadas a cada bloque realizarán una ficha diagnóstica, que incluye toda la información de los residentes: existencia de red familiar/social, situación de salud, red informal dentro y fuera de los apartamentos, organización y mantenimiento de la vivienda, detección de problemas de salud, dificultades de autonomía física y/o psicológica que pudieran ser susceptibles de intervención.

Las fichas permiten establecer niveles y prioridades de atención y seguimiento, en función de su grado de vulnerabilidad sociosanitaria: ausencia de cobertura de familiares directos y/o red de apoyo; personas con deterioro cognitivo y fallos de memoria; personas dependencia y/o discapacidad reconocida; personas usuarias del SAD y del Servicio Telefónico de Emergencia; personas con síndromes depresivos y/u otro tipo de síntomas psicológicos que puedan aumentar su vulnerabilidad; y personas autónomas. El protocolo establece visitas periódicas, de forma que el seguimiento sea más estrecho para las personas con mayor grado de vulnerabilidad.

Además, la atención se refuerza en caso de altas hospitalarias o convalecencias, ante conflictos entre inquilinos, problemas con familiares, incumplimientos de normativa o situaciones de suciedad y acumulación de objetos. Si se van a producir ausencias temporales, la persona usuaria debe avisar, especificando el motivo de la ausencia y la duración.

El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) se recomienda en aquellos casos en que hay una valoración técnica que fundamenta su implementación. Atendiendo al modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), este servicio no se puede imponer. Por ello, en los casos en que la persona renuncie al mismo, deberá constar por escrito, realizándose un seguimiento periódico de la situación de la persona residente, así como de las condiciones de higiene, salubridad y mantenimiento de la vivienda.

Estas actuaciones se acompañan con intervenciones psicoeducativas de promoción de hábitos saludables y de apoyo educativo y sociocomunitario. Así se ofrece apoyo para gestiones, acompañamiento a visitas médicas, y actividades de ocio y encuentro, siguiendo los intereses y preferencias de las personas residentes.

La coordinación de las acciones es otra de las claves del documento. En esta coordinación participan la técnica de trabajo social de los apartamentos, las trabajadoras familiares asignadas a cada bloque, las trabajadoras que prestan el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) y las trabajadoras sociales de las Unidades de Barrio, así como profesionales de otros ámbitos como centros sanitarios, residencias, juzgados, etcétera.

El documento establece un protocolo de actuación en el caso de que se produzca el fallecimiento de alguna persona residente en el apartamento, como el registrado el pasado mes de marzo. Establece que cuando se registre un deceso de este tipo, la trabajadora social a cargo debe llamar al auxiliar de funcionamiento y a Policía Municipal para acudir conjuntamente al domicilio. Es competencia de la Policía Municipal llamar al centro de salud para certificar la defunción y si el personal médico judicializa el caso, se debe llamar a la Policía Judicial. Además, se contacta con la familia o personas de referencia. En cuanto al enterramiento, si la persona carece de seguro de decesos, recursos económicos y cobertura familiar, se activa el protocolo municipal de enterramiento por beneficencia.

Según indica este último protocolo, se avisa al servicio del Parque de Desinfección del Área de Conservación Urbana y Sanidad del Ayuntamiento. Se cuenta con una relación de empresas de limpieza traumática, por si el fallecimiento se produce fuera del horario de trabajo habitual. El Parque de Desinfección procederá a los procesos de desinsectación y desinfección, a los que seguirá la limpieza profunda del domicilio, a cargo del tajo de limpiezas de Empleo Social. Estos procesos se repiten si hiciera falta, hasta que el domicilio se encuentre en perfectas condiciones.

Este protocolo será evaluado periódicamente, tanto cuantitativa como cualitativamente, contando con la participación de las personas residentes en los apartamentos y de las profesionales implicadas.

El concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, ha destacado la importancia de este protocolo y el próximo refuerzo de personal para atender mejor a las personas mayores que residen en los apartamentos municipales. «Este protocolo va a ser trabajado en la próxima comisión, y esperamos que, con las aportaciones que se requiera, sea aprobado por unanimidad de los grupos municipales», ha señalado.


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